(Congreso) El aborto inseguro es un problema de Salud Pública, porque produce muertes y complicaciones graves que son evitables en una población joven y sana, por lo que el Estado debería garantizar el acceso seguro, legal y gratuito a la práctica de interrupción voluntaria del embarazo”; consideró la diputada nacional Mónica Macha (foto) a través de sus redes sociales, al explicar un nuevo proyecto legislativo del que es la principal impulsora, y agregó:

Necesitamos tener un registro estadístico serio que dé cuenta de las distintas situaciones que producen los abortos clandestinos para poder adaptar políticas públicas que den respuesta a la problemática.” Concluyendo:

Por eso presentamos un proyecto que propone crear en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Salud un Registro de Muertes, Internaciones y Complicaciones sanitarias causadas por abortos inseguros.” 


Conseguir una Estadística Federal.

El proyecto presentado por la legisladora feminista, tiene la intención (de acuerdo a lo plasmado en el mismo) “garantizar la producción de información estadística sanitaria en materia de muertes, internaciones y complicaciones sanitarias producidas por efecto de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en condiciones inseguras.”
Es para ese fin que Macha propone la creación de un“registro en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la nación a fin de recolectar” dicha información.
En efecto, de prosperar sin modificaciones este proyecto legislativo suscrito por una docena de diputados y diputadas – entre los que se encuentra el oficialista Daniel Lipovetzky -; “El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación debe arbitrar los medios para articular con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias a fin de que provean de manera sistemática la siguiente información de carácter estadístico: a) cantidad de internaciones en establecimientos de salud públicos y privados, producto de interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones inseguras, indicando plazo de la internación y nivel de complejidad del cuadro de salud de la persona internada;  b) grado de severidad y tipo de complicaciones sanitarias producidas por efecto de la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones inseguras, indicando plazo de dichas complicaciones de salud; c) cantidad de muertes producto de interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones inseguras; d) todo dato sociodemográfico que se estime pertinente para evaluar, en forma semestral y desde un punto de vista sanitario, las consecuencias para la salud de las personas, y sus familias, de la práctica de la interrupción del embarazo en condiciones inseguras.”

“Conocer en Profundidad y Distinción Territorial el Alcance de las Muertes por Abortos Inseguros…”

El proyecto en cuestión se enmarca en la voluntad mayoritaria de la cámara baja del congreso nacional y de la ciudadanía argentina de legalizar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; y en ese sentido se expresa la legisladora en los fundamentos de este proyecto de ley: “El rechazo del proyecto en la Cámara de Senadores fue un final triste pero transitorio, que no cierra más que un capítulo… en el inexorable avance de las mujeres en la lucha por nuestros derechos, por su reconocimiento y por el fin de una sociedad patriarcal y machista”; Macha dixit. 
Y más adelante asegura de manera contundente: “Porque en las sociedades patriarcales, las mujeres mueren. Mueren o sufren complicaciones sanitarias severas a causa de una violencia que encuentra sus razones últimas en patrones culturales (patrones, valga la literalidad) que es preciso erradicar. Patrones que se reflejan en el maltrato que sufren muchas mujeres cuando van a denunciar a sus parejas en las comisarías, o cuando van a parir y resultan víctimas de la violencia obstétrica. Patrones que regían cuando a los femicidios se les decía “crímenes pasionales”. Y que todavía reproducen los medios de comunicación cuando cargan de culpabilidad a una mujer violada en función de su ropa o sus hábitos. O cuando usan el nombre de la mujer para nombrar el caso policial, no importa si la mujer es víctima o acusada.” 
A partir de esas últimas observaciones, es que la futura ley cobra sentido: “De todas esas muertes, este proyecto se ocupa de una categoría en especial: la muerte por abortos inseguros. Esas mismas muertes que una Ley de IVE podría reducir en enormes proporciones, como demuestra la experiencia de países que avanzaron en su legalización”; explicita la diputada. 
Y es en ese sentido, y ante la ausencia de una norma que habilite legalmente la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que la legisladora subraya: “El aborto ilegal –y por lo tanto, inseguro- es un problema de salud pública que le ocasiona la muerte a decenas de mujeres por año y produce también innumerables consecuencias para la salud de mujeres que logran sobrevivir pero con graves complicaciones de por vida. Por ende, es responsabilidad del Estado Nacional adoptar las políticas necesarias para combatir este flagelo. Le toca a este Poder Legislativo estar a la altura de las circunstancias históricas que atravesamos y aprobar –más temprano que tarde- la legalización de la IVE. Pero hasta que ello ocurra, el Poder Ejecutivo debe adoptar imperiosamente medidas que al menos nos permitan conocer en profundidad y distinción territorial el alcance tanto de las muertes de mujeres por abortos inseguros como de las consecuencias sanitarias que produce en una enorme cantidad de población que todos los días acude a esta práctica en condiciones de inseguridad y desprotección.” 
El Proyecto Completo


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