Se trata de procesos de responsabilidades por delitos económicos, administrativos y de derechos humanos, pues está en elaboración al menos una demanda más, por las masacres de manifestantes opositores.

La Fiscalía de Bolivia anunció que admitió las cuatro demandas de juicios de responsabilidades del gobierno contra Jeanine Áñez, aumentando la presión sobre la expresidenta de facto que cumple prisión preventiva en un proceso ordinario acusada del golpe de estado de 2019 que derrocó al entonces mandatario Evo Morales.

“En primera instancia se analizó el contenido de las proposiciones acusatorias y luego de verificar la existencia de la identidad penal fueron remitidas a control jurisdiccional; tenemos 30 días para desarrollar actos investigativos”, dijo el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, en un comunicado oficial, según la agencia de noticias Sputnik.

Se trata de los primeros cuatro juicios de responsabilidades a Áñez, por delitos económicos, administrativos y de derechos humanos, pues está en elaboración al menos una demanda más, por las masacres de manifestantes opositores luego del golpe, dijo previamente el ministro de Justicia, Iván Lima.

Quispe explicó que las demandas, presentadas por la oficina de Lima por iniciativa propia o en colaboración con presuntas víctimas, apuntan a Áñez y a varios de sus colaboradores, incluidos ministros y ejecutivos del Banco Central. Además, indicó que la Fiscalía General remitió las demandas al Tribunal Supremo de Justicia mientras elaboraba sus propios requerimientos de juicios que deben ser autorizados por el parlamento con dos tercios de los votos.

La primera demanda se refiere a la contratación y la recepción de un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento). El segundo juicio fue planteado por un decreto de lucha contra la pandemia que castigó penalmente, como “delito contra la salud pública”, la difusión de informaciones que pudiesen causar malestar o incertidumbre en la población.

La tercera demanda se refiere a la ampliación directa por decreto, y no mediante una licitación, de la concesión a un consorcio privado del manejo del registro público de empresas. Y la cuarta busca castigo contra Áñez y otras autoridades que impidieron el ingreso de bolivianos que retornaban al país tras las declaraciones de emergencia por la pandemia en países vecinos.


“Jeanine Añez, en su condición de presidenta transitoria, habría emitido órdenes inconstitucionales y anticonvencionales para que policías, militares y personal de la dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas de Chile a Bolivia durante la pandemia por el Covid-19”, dijo Quispe.

El fiscal añadió que, inicialmente, los delitos por los que se enjuiciaría a Áñez por la vía excepcional de caso de corte son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, discriminación y atentado contra la libertad de expresión, entre otros.

Áñez está en la cárcel desde el 13 de este mes y debe cumplir prisión preventiva de seis meses en espera de juicio por su autoproclamación como presidenta del Senado y luego como presidenta transitoria del país tras el derrocamiento de Morales.

El Gobierno boliviano aclaró que en estos juicios Áñez está acusada como exsenadora y no como expresidenta. En ese sentido, cabe destacar que en el proceso además están acusados exministros y excomandantes militares y policiales, varios de los cuales también se encuentran detenidos.

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