Por Ulises Noyola Rodríguez.

El programa fiscal del presidente Joe Biden incluyó un monto de 1.9 billones de dólares distribuidos en varios programas. El mandatario defraudó a estadounidenses apoyando la creación de un programa fiscal con efectos efímeros sin proponer iniciativas con mayor alcance como reformas en los planos fiscal y laboral que incluyera aumentar el salario mínimo y recuperar derechos laborales.

Entre las medidas más importantes se encuentran el pago a familias (410,000 millones de dólares); una asistencia económica a la población desempleada (246,000 millones de dólares); y transferencias de ingresos a los gobiernos estatales (360,000 millones de dólares), entre otros. Como se observa esos rubros, que representan la parte más importante del financiamiento, consisten en transferencias temporales de ingresos por lo que las familias quedarán desprotegidas.

En cuanto al pago a familias, las personas que perciban un ingreso modesto recibirán un pago por 1,400 dólares. El acierto de la medida reside en que esos pagos junto con el apoyo a los desempleados representan el principal rubro por lo que las familias serán los principales beneficiarios del programa en lugar de las grandes empresas que se han dedicado a especular en el mercado de valores. La transferencia de ingresos directamente a las familias estadounidenses impulsará la actividad económica puesto que ocuparán sus ingresos para sus gastos diarios de manutención lo cual beneficiará a los negocios locales.

La población norteamericana únicamente recibirá un ingreso temporal permaneciendo inalterado el salario mínimo a nivel federal el cual no ha tenido cambios desde hace nueve años. El senador Bernie Sanders propuso elevar el salario mínimo con el objetivo de que las familias estadounidenses empobrecidas pudieran salir de la penuria económica al percibir sueldos ínfimos en empresas como Walmart. Los miembros del Partido Demócrata se negaron a aprobar el incremento gradual del salario mínimo a 15 dólares por hora para 2025 en la Cámara de Representantes.

La propuesta habría beneficiado a los trabajadores en los estados en los cuales el salario mínimo está por los suelos como Alabama, Delaware, Indiana y Florida. También los trabajadores que han continuado trabajando en sectores esenciales- transporte, energía y servicios médicos- habrían sido recompensados en sus puestos de trabajo donde perciben una remuneración modesta. Finalmente, las minorías marginadas como los grupos hispanos, migrantes y negros habrían recibido un incremento de su remuneración laboral considerando que una gran parte de ellos está laborando en ocupaciones en donde los salarios son paupérrimos.

Con respecto a la asistencia económica a los desempleados, las personas recibirán un pago semanal por 300 dólares hasta septiembre del año en curso. Todavía diez millones de personas están desempleadas de acuerdo con fuentes oficiales pero el número sería superior en razón de que muchas personas han dejado de buscar empleo debido a la perspectiva pesimista en el mercado laboral. La debilidad del programa radica que las transferencias de ingresos se tratan de un ingreso temporal que recibirán los desempleados.

El impacto del programa fiscal sobre la economía estadounidense durará poco puesto que la producción nacional aumentaría un 6.5% en 2021, después un 3.3% en 2022 y finalmente un 2.2% en 2023 según las estimaciones de la Reserva Federal. Por ello, el estancamiento económico continuará después del programa fiscal en donde la clase media que perdió una gran parte de sus ingresos engrosaría la población empobrecida. La deficiencia del programa fiscal es que no toca los intereses de los grandes grupos empresariales que se han enriquecido en el curso de la pandemia en los sectores vinculados con las tecnologías digitales.

La pandemia ha incrementado exponencialmente los ingresos de las empresas vinculadas con sector de tecnologías digitales. La riqueza de los billonarios estadounidenses más representativos aumentó en un billón de dólares durante la pandemia. Entre los empresarios destacan Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Larry Ellison (Oracle) y Larry Page (Google). Los trabajadores norteamericanos continúan siendo contratados sin representación de un sindicato donde puedan tener derechos laborales como pagos por horas extras y reglamentación de una jornada laboral máxima de ocho horas.

El presidente Joe Bien enunció como un éxito la creación de 379,000 empleos en febrero del año en curso. No obstante, la recuperación de empleos se concentró en los sectores de comercio, entretenimiento, alojamiento de turistas, comida y bares. Esto ha sido así considerando la flexibilización de las medidas en la restricción de movilidad de personas con el programa masivo de vacunación que permitió a la población asistir a diversos establecimientos. El inconveniente es que esas ocupaciones se caracterizan por bajos salarios por lo que los trabajadores norteamericanos no han mejorado sustancialmente su condición económica.

Por otra parte, el senador Bernie Sanders propuso realizar cambios en el régimen fiscal con el fin de apuntalar los ingresos públicos. Las medidas incluyen restaurar la tasa de impuestos sobre las corporaciones que pasaría de 21 a 35% aparte de incrementar los impuestos sobre los inmuebles con mayor valor. Evidentemente esa propuesta es mucho menos ambiciosa en comparación con las medidas incorporadas en su campaña presidencial. Había propuesto anteriormente aplicar impuestos sobre los ingresos de las empresas en el exterior para erradicar los paraísos fiscales; aumentar la cuota de impuestos en ingresos personales de la población con un mayor poder adquisitivo; y aplicar un gravamen sobre las transacciones financieras.

Pese a la modesta propuesta, los congresistas del Partido Demócrata no aprobarán una iniciativa fiscal de envergadura. Cabe recalcar que los demócratas con mayor preponderancia política son millonarios con estrechos vínculos con la cúpula empresarial entre los cuales destacan Nanci Pelosi y Charles Ellis Schumer. Con ese grupo de millonarios en la toma de decisiones cruciales en el Partido de Demócrata es prácticamente imposible la aprobación de una reforma fiscal progresista que redistribuya radicalmente la distribución del ingreso a favor de los sectores marginados.

Adicionalmente, los gobiernos estatales recibirán una asistencia económica por una cantidad importante. Esos recursos serán ocupados para mantener el pago de nómina de funcionarios públicos, la provisión de servicios básicos y el financiamiento de proyectos de infraestructura. En este sentido, el gasto público no tendrá una reducción drástica por lo que las finanzas públicas estatales no estarán colapsadas como resultado de la caída de los ingresos durante la pandemia.

El costo del plan fiscal implica la expansión de la deuda federal que alcanzó un monto por 26 billones de dólares (100% del PIB) a finales de 2020. Bajo este contexto, los congresistas demócratas dejarían de apoyar la expansión del gasto público a través del aumento de la deuda habiéndose reducido el número de contagios con la campaña de vacunación. La deuda pública terminará siendo pagada por las familias estadounidenses a través del cobro de impuestos junto con el recorte de programas sociales.

Similarmente el endeudamiento de varias empresas multinacionales en el sector industrial alcanzó un nivel crítico que volverá complicado la continuidad en el pago de la deuda con sus ingresos como por ejemplo Boeing, Ford y National Oilwell Varco. El elevado endeudamiento de las compañías estadounidenses no augura una recuperación de la inversión privada y con ello una creación masiva de empleos. Los ingresos serán ocupados crecientemente para el pago de la deuda con lo cual las perspectivas económicas no son nada favorables para los trabajadores que estaban ocupados en la industria.

En resumen, el programa fiscal ofrece principalmente un apoyo temporal a las familias estadounidenses y los gobiernos estatales. Habiéndose agotado esos recursos, la economía continuará atrapada en un estancamiento considerando la continuidad en la opulencia de los grupos empresariales aparte del endeudamiento público y privado. Por lo tanto, la población norteamericana cada vez tiene menos opciones para evitar que su condición económica empeore en los próximos años si el Partido Demócrata no confronta los intereses de los grandes empresarios y los banqueros de Wall Street.

*Ulises Noyola Rodríguez, maestro en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)

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