Por Guillermo Wierzba y Jorge Marchini

El Covid-19 ha constituido la muestra más cabal de cómo las crisis, las calamidades, las pestes y las guerras, en la gran mayoría de las ocasiones, provocaron la agudización de las desigualdades, el aprovechamiento del poder económico concentrado y la polarización de la riqueza. Las condiciones creadas por la concentración mediática y la pérdida de nivel intelectual y de independencia de criterio de los editores de esos medios ha implicado el recorte de las noticias y la parcialidad de la opinión provocados por el machaque con noticias mutiladas. La gravedad de la situación social nacional es expuesta con los números de la pobreza y la indigencia (más del 42% y del 10%), mientras nada dicen sobre la obscenidad del crecimiento de la riqueza. La renta agraria obtenida por los grandes productores, empresarios y comercializadores de la cadena agroindustrial no merece espacios informativos ni críticas. Tampoco la actitud de rebelión judicializada del enriquecido futbolista Tévez, de los dueños de los diarios Clarín y La Nación, de la familia Caputo y otros grandes multimillonarios que resisten pagar el aporte solidario que corresponde honrar a los más ricos del país. En cambio, los operadores mediáticos prefieren cargar las culpas sobre un gobierno que asumió con la misión de no subordinarse al poder concentrado, que acumuló ganancias extraordinarias durante la pandemia.

Muchos tuvimos, al comienzo del drama de la peste en la Argentina, la esperanza de que la epidemia provocaría un choque sobre las conciencias y sedimentaría modificaciones sustantivas hacia la consecución de un mundo más justo y fraterno. El propio Presidente Alberto Fernández manifestó ese deseo en el G20, foro hegemonizado por los países centrales. “Quisiera que todos compartan nuestra visión. Estoy convencido que no seremos eficaces si no aceptamos que el mundo ha cambiado para siempre”, expresó allí. “Poder sortear esta crisis y enfrentarnos a ese mundo que nace, nos exige diseñar y suscribir un gran Pacto de Solidaridad Global… Estas decisiones no pueden quedar libradas a la lógica del mercado, ni preservadas a la riqueza de individuos o naciones. Es hora de aprovechar este momento único para crear soluciones económicas tan extraordinarias como extraordinarios son los problemas sociales que atravesamos”.

Los poderosos del mundo no lo escucharon. No hubo tal pacto. Los poderosos de la Argentina tampoco. Los segundos están provocando una escalada de precios por su poder de mercado. Hoy no hay inflación cambiaria porque el precio del dólar fue “tranquilizado”, tampoco por exceso de demanda –actualmente deprimida por la caída de ingresos y del nivel de actividad– ni por puja distributiva, porque los salarios están en niveles muy bajos. Hoy hay inflación porque los dueños del mercado sólo quieren aceptar que los precios se gobiernen desde esa supuesta instancia competitiva, para aumentar su cuota de ganancia frente a una sociedad diezmada por la enfermedad, la depresión y la desmovilización. No explota un grito de condena nacional debido a los mecanismos de dominación que construyó el neoliberalismo a través de los cambios tecno-comunicacionales. Ocurre en la misma época en que los poderosos del mundo han profundizado su orgía expropiatoria de los ingresos de los más pobres. Una mirada sobre la dinámica de la gestación, producción y distribución de las vacunas expone la otra infección, la de un capitalismo financiarizado que afianza la construcción de la sociedad del homo economicus. En ese paradigma no hay lugar para el pacto solidario, ni para los valores indivisibles de la libertad y la igualdad, sólo lo hay para el motor indetenible de la maximización del beneficio, que no se frena sino que se aprovecha de la tragedia.

Ciencia sin Alma.

El surgimiento de la nueva ola de contagios de Covid-19 ha puesto nuevamente en el centro de la escena las condiciones y limitaciones de la oferta de vacunas a nivel mundial. La esperanzadora alternativa provista por la ciencia en tiempo récord para combatir la mayor pandemia del último siglo queda desdibujada por la evidencia de un avance lento y desequilibrado de la imprescindible y urgente necesidad de una vacunación mundial generalizada.

La oferta internacional de vacunas no sólo se encuentra limitada por la capacidad de producción y entrega de los fabricantes, sino que está totalmente deformada por países que privilegian sus propias demandas (ejemplo: Estados Unidos y algunos países europeos). De hecho, como indica el Presidente Alberto Fernández, “la venta está concentrada y los laboratorios están negociando con los Estados Nacionales”. Esa limitación de la capacidad de producción que impide el abastecimiento al ritmo necesario a la población mundial, que provoca la discriminación de los países periféricos –pues parece imperar un orden descendente, cuanto más pobre es la nación menos vacunas consigue–, resultaría agravada si el sector privado pudiera ser la contraparte de la oferta de los laboratorios y fabricantes. Si ello ocurriera la discriminación acontecería en el acceso interno que tendrían los ciudadanos de distintas clases sociales a un bien social y esencialísimo. La ya obscena mercantilización de la oferta se completaría con la mercantilización del acceso dentro de los países. Se impondría el predominio de la vacunación de los sectores acomodados económicamente. Para garantizar la igualdad de todo el pueblo a disponer de las vacunas, deben ser de acceso gratuito y sobre ellas no debe regir una lógica de precios, ni libres ni regulados. Ese acceso se garantiza mediante la vacunación directa ejercida por la estructura de la salud pública.

José Amiune se refiere en su artículo Vacunas y Mercados (Wall Street Internacional Magazine, marzo de 2021) a lo ocurrido en Uganda, demostrativo de lo antedicho. “La monopolización del mercado ha creado situaciones que deberían denunciarse, como el elevadísimo precio que los laboratorios exigen a los países pobres, superior al precio que exigen a los países ricos. Según un informe de UNICEF, la compañía Oxford-Astra Zeneca, que pide 3,5 dólares por vacuna a la Unión Europea y 4 dólares a Estados Unidos, exige 8,5 dólares a Uganda”.

Las reiteradas afirmaciones de líderes mundiales y directivos de empresas farmacéuticas sobre que la prioridad debía ser unir y no dispersar esfuerzos para garantizar el justo, seguro y rápido acceso sin discriminación alguna de vacunas a la población mundial han quedado en promesas o, en muchos casos, peor aún, sólo en frases vacuas o cínicas de relaciones públicas. En el Foro de Davos los discursos incluyeron formulaciones “progresistas” en relación a la equidad en el acceso a las vacunas, bajo la reivindicación de la “responsabilidad social empresaria” pregonada como “clave” para remozar y viabilizar el capitalismo neoliberal, interpelado por las desigualdades exhibidas en la pandemia.

Nada de eso ocurrió. Ni se garantizó esa equidad, ni se la promovió. Los líderes del capitalismo occidental y los empresarios más poderosos y exitosos del mundo no hicieron nada en pos de esos objetivos. Lo cierto es que en lo inmediato, en los hechos, el desfasaje entre una oferta restringida y concentrada y una demanda mundial urgente y desesperada fue marcado por el poder y los negocios, y no por la defensa de la humanidad. Resulta demostrativo de ello que, al momento de escribirse esta nota en abril de 2021, de 811 millones de dosis aplicadas en el mundo, sólo 38 millones han sido brindadas a través de COVAX, la alianza impulsada por la Organización Mundial de la Salud para “un acceso equitativo mundial a la vacuna contra el Covid-19“. Resulta también un ejemplo del negocio de la vida y la salud instalado alrededor de las vacunas que la política de algunos laboratorios es imponer condiciones jurídicas leoninas en los contratos de ventas de vacunas, como por ejemplo la aceptación de tribunales distintos a los de los países en donde se realiza la vacunación para los eventuales litigios. Es el camino por el cual la lógica judicial de la financiarización se introduce en cuestiones de bienes que atienden los derechos humanos.

Sólo 38 de los 811 millones de dosis aplicadas se brindaron a través de COVAX.

Los fanáticos de la “mano invisible del mercado” aquí y en todas partes explican las dificultades actuales como un cuello de botella circunstancial que se corregirá automática y virtuosamente en poco tiempo. El problema es que en ese poco tiempo se producirán los picos de contagios, la saturación de los sistemas de salud, los imprescindibles cierres de las economías –con la caída del empleo y el agudo empobrecimiento de los sectores populares–, los dolores y las muertes. Pero ni siquiera es verdad “ese poco tiempo”. El entramado de intereses y negocios que se ha instalado en torno a la vacunación nada tiene que ver con la proclamada libertad de elegir y la transparencia de la competencia entre iguales sino con disputas de posiciones de privilegio en un mercado que se estima alcanzará rápidamente más de 73.000 millones de dólares anuales.[1]

Condiciones Leoninas.

En forma habitual las grandes corporaciones farmacéuticas justifican el alto precio de los medicamentos por el hecho de que deben invertir en su desarrollo inicial enormes sumas propias que en muchos casos no llegan a los resultados esperados y por lo tanto se pierden. Es por ello, argumentan, que los precios de venta no se deben ajustar a los costos reales de producción sino que deben también amortizar inversiones riesgosas anteriores. De tal forma, exigen el reconocimiento internacional de la propiedad intelectual, la garantía de patentamiento y del derecho monopólico de producción y comercialización, exigiendo que no haya competencia para sus productos de empresas o países que pudieran fabricar productos sin tener que cubrir inversiones iniciales en investigación y desarrollo.

Paradójicamente, en el caso de las vacunas contra Covid-19 no se justifica el reclamo de una renta tecnológica garantizada a largo plazo con el monopolio de patente, en un principio reclamado por las empresas por un periodo de 20 años. Las inversiones fueron realizadas en forma abrumadora con el apoyo de los Estados a través de enormes subsidios, anticipos de compras a riesgo, puestas a disposición de institutos de investigación pública, y ayuda directa a la realización y seguimiento pruebas de campo.[2]

La lógica del capitalismo central e imperial es la socialización del gasto en Investigación y Desarrollo y la privatización de la parte del león de las ganancias. La evidencia está a la vista en la concentración del ingreso acontecida en los últimos 40 años de capitalismo, de cuño neoliberal. Durante ese período los salarios perdieron participación en el ingreso y los propietarios de las empresas de alta tecnología se constituyeron en magnates más poderosos que naciones de desarrollo medio. Otro síntoma de la financiarización de la provisión de vacunas es la intervención de fondos de inversión en el desarrollo de los proyectos de investigación y fabricación de las mismas. Tal vez la expresión de una fase más aguda de la globalización neoliberal en la que la mercantilización de derechos ocurre bajo la lógica de los incentivos financieros, ya no sólo como un negocio privado, sino con una institucionalidad donde los cambios de manos de los títulos de propiedad son cotidianos. Formas del capital que invisibilizan la titularidad del mismo.

La nota de Amiune señala que “empresas como Pfizer, Moderna y Astra Zeneca tienen accionistas bien conocidos en el mundo del capital financiero internacional. Pfizer es una de las mayores empresas del mundo (la número 49), con un capital de 194.000 millones de dólares. Entre sus accionistas predominan intereses financieros, incluyendo fondos especulativos como BlackRock y bancos internacionales. Moderna (estadounidense), establecida en 2010, tiene previsto alcanzar en 2021 un capital de 20.000 millones de dólares. Astra Zeneca (británica) no es una de las que encabeza las ventas; sin embargo, sus resultados en 2020 dispararon sus ganancias un 159%, ingresando casi 22.000 de millones de euros, un 9% más que el año anterior. Así, obtuvo ganancias equivalentes a 3,144 millones de dólares (2,592 millones de euros) un 159% superior al año anterior, como lo acaba de informar la Bolsa de Valores de Londres. Johnson & Johnson (estadounidense) ingresó 12.000 millones de dólares. Sus beneficios son enormes. Nunca se habían alcanzado semejantes tasas de rentabilidad”.

Por las presiones y los intereses privados en juego, las negociaciones de vacunas en el marco de la emergencia sanitaria mundial tomaron una dinámica desequilibrada y perturbada. Por lo pronto, los vendedores han exigido desde el vamos a los gobiernos que las negociaciones sean reservadas, y de allí el misterio de los precios que se pagan y las exigencias planteadas en cláusulas contractuales que, de transparentarse, evidenciarían a la sociedad otras inconcebibles ventajas y prebendas exigidas por los oferentes (grandes pagos anticipados, condicionalidad de entrega, garantías de no exponerse a riesgos de juicios en tribunales locales, costos de logística y seguros, y muchos más) y la subordinación y postración para el demandante. “Días atrás se filtró en la página web del Ministerio de Salud de Brasil el texto del contrato leonino para la provisión de vacunas de la empresa Pfizer. El ‘error’ fue inmediatamente denunciado por la multinacional farmacéutica como ‘violación de la cláusula de confidencialidad del contrato’. La agencia Paco Urondo reprodujo aquí los textos originales.

La hipocresía disfrazada de inocencia o irresponsabilidad enunciativa, de clamar que las mejores condiciones se obtendrían si todas las compras de vacunas las hicieran los gobiernos locales, se encubre en la afirmación falsa de que “no nos dejan con manos libres cuidar el interés público”.[3] Esa hipocresía de la CEO-política necesita de la negación de peligros evidentes y reconocibles. Como bien indicara el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, “entendemos que la compra de vacunas las tiene que hacer la Nación porque tiene que autorizarlo la ANMAT. Guarda con comprar vacunas en cualquier lado porque va a aparecer el mercado negro”.

Vacunación en Igualdad.

La atención de salud para la protección de la vida humana debe ser una prioridad urgente de la sociedad que no puede ser subalternizada a las rentas prebendarias de intereses privados. No pueden disfrazarse de costos reales y ganancias normales, que sólo subsisten en el mundo pyme como testimonio arqueológico de otra época pretérita del capitalismo, la imposición ladina de beneficios monopólicos extraordinarios, ligados con rentas prebendarias.

La pandemia requiere garantizar el acceso más amplio e inmediato posible a vacunas, medicamentos e insumos, partiendo del reconocimiento de que el desafío primordial debe ser atender una necesidad social general que no puede ser distorsionada o desviada. Con tal propósito, las tecnologías para hacer posible la fabricación de vacunas deberían ser de difusión inmediata y de utilización indiscriminada por parte de todos los Estados. Así se lograría una mayor fabricación, un acelerado aumento de la cantidad de vacunas disponibles, el aseguramiento de calidad y la reducción de los costos unitarios afrontados por los estados periférico-dependientes. Ello es en particular imperioso para los países que cuentan con recursos limitados de divisas, como ocurre hoy en la Argentina y en América Latina.

Recientemente la India y Sudáfrica presentaron una propuesta común ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitando la suspensión temporaria de los derechos de propiedad intelectual relacionados con las vacunas y tratamientos contra el Covid-19. La iniciativa fue rechazada en un principio vehementemente por Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña, de donde por cierto son las mayores empresas proveedoras actuales de vacunas, alegando que una restricción al derecho de propiedad intelectual podría ser considerada una usurpación y limitaría el incentivo privado para realizar futuras inversiones en investigación y desarrollo.

La Argentina debe tomar un rol activo ante un debate que ha comenzado a abrirse a nivel mundial y que requiere reforzarse ante tanta desproporción y desequilibrio en la accesibilidad a las vacunas. Ello debería ocurrir no sólo por la importancia que tendría el acompañamiento al reclamo que están impulsando organizaciones intra-gubernamentales de países periféricos como el Centro del Sur (del cual la Argentina es miembro pleno) para que se conceda la excepción “por seguridad” contemplada en el artículo 73 (b) del Acuerdo de Propiedad Intelectual (TRIPS) de la OMC, [4] sino también para plantear propuestas concretas de complementación y cooperación en investigación y producción pública y privada entre países. Por lo pronto, sería un motivo sustantivo para retomar con pleno sentido histórico y práctico una perspectiva concreta de integración regional en forma armónica, realista y útil, que traería evidentes beneficios comunes. Esa integración sólo será posible desplegando la lucha política que recupere para la región los liderazgos, proyectos y esperanzas con los que se inició el milenio.

[1] Ver estimación publicada por Bloomberg de acuerdo a un estudio de la consultora Coherent Market Insights.

[2] Un reciente estudio publicado en Suiza por el Graduate Institute of Geneva asevera que el 98,2% de los fondos han sido aportes públicos.

[3] Para un análisis comparado de enormes diferencias de precios pagados para las mismas vacunas en el mundo se recomienda la lectura del siguiente informe comparado.

[4] Carta Abierta del Director Ejecutivo del Centro del Sur, Carlos Correa.

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