Hasta hace unos días no quedaba claro qué pretendía la derecha usando la retórica de la negación hasta el sinsentido (negar por negar) cuando ni la aritmética (el número de votos) ni las instituciones a cargo del proceso electoral ni los países extranjeros ni la prensa internacional ni siquiera la OEA (¡de Almagro!) les dan la razón en su furioso reclamo de ‘fraude’ sin pruebas de peso.

Ahora ya está claro y confirma las intenciones ominosas de dar un golpe de cualquier forma y a cualquier costo.
Literalmente no les importa lo que tenga que ocurrir, así sea trágico, con tal de impedir que Pedro Castillo sea proclamado Presidente de la República bajo la única legitimidad posible: la voluntad mayoritaria del sufragio y el voto popular.
Lo primero que debemos entender: ya no estamos en el terreno de la disputa política bajo las reglas democráticas.

Ya se pasó de esa fase y, aunque aún se conservan ciertas formas en la televisión, con la organización de grupos de ciudadanos que reivindican la simbología fascista y empiezan a operar bajo la lógica de grupos de choque con cacerías de brujas virtuales («chapa tu caviar») y escraches a los domicilios de funcionarios públicos, pasamos de la lógica del debate al terreno del hostigamiento violento contra cualquiera que piense distinto y no acepte la narrativa derechista del «nos robaron nuestros votos».

Eso es lo que hay ahora y, con la ayuda de la prensa concentrada que barnizará lo ilegal, es sobre eso que la derecha va a insistir hasta llegar, por lo menos, al 28 de julio sin Presidente.

¿Cuál es la idea fuerza? Hay varias pero todas están agrupadas bajo un mismo lineamiento: Pedro Castillo no debe ser proclamado como corresponde en cualquier país democrático.

Es decir: a la derecha no le importa que este caos de nuestra patria se prolongue por más de un mes. Y a Mario Vargas Llosa, por lo que se vio, al parecer tampoco.

Bien, vayamos a la que, se sospecha, es su estrategia golpista:

  1. Keiko Fujimori ya no es una figura relevante para ellos porque está claro que los peruanos no la quieren ni van a aceptar que se reviertan los resultados en mesa para darle la presidencia. No la quieren porque ya no les sirve. O mejor: la necesitan, sí, pero porque sirve como fachada para sostener sus planes de alargar judicialmente este proceso electoral. Por eso es que ahora Keiko ya no aparece en la nueva narrativa del robo electoral. Ahora se trata de que «no les robe su voto el comunismo»
  2. Es por eso que cuando Vargas Llosa dice que apoya «a la señora Fujimori para que no haya corrupción en el próximo gobierno” provoca risa o se piensa que este señor está tomando el pelo al pueblo peruano o que es un cínico absoluto o que ya está anciano y dice estupideces que además son de un racismo inaceptable. O todas las anteriores. ¿Otra más? Va: «Pedro Castillo quiere cambiar la Constitución para eliminar el Senado».
  3. Pero Vargas Llosa, pese a la entrevista más vergonzosa que ha dado en su vida, sabe muy bien cuál es su papel en esta estrategia. El Presidente Sagasti metió la pata clamorosamente al llamarlo para pedirle que lo ayude a calmar las aguas. Le renovó la validez a un hombre tan desprestigiado que había preferido usar a su hijo de secretario-portavoz para que viniera a Lima a bailar con Keiko. ¿Cuánto vale la palabra de Vargas Llosa ahora? Muy poco. Cuando tienes hasta memes de lo que afirmas con seriedad ya no se te toma en serio. Y, sin embargo, la intervención de Vargas Llosa le sirve a la derecha para maquillar el proceso de golpe que se está gestando. A diferencia de Keiko, Vargas Llosa todavía les sirve porque siguen teniendo a los medios a su favor.
  4. ¿Cómo se revierte esta situación? Invalidando el mensaje del emisor. Ya basta de «el Nobel» o el «fue un gran escritor» y todo eso que solo sirve para darle todavía un poco de respetabilidad a quien está colaborando con la derecha más reaccionaria y violenta. Ya basta de indignarse o de reírse. Hay que sacarlo del centro del debate. Si no es válido no existe. Si el intelectual fujimorista-que-fue-antifujimorista sigue generando indignación pese a que habla sobre cosas que muestra no saber ni entender, ellos ganan. Que hable nomás. Él o su hijo. Y que lo rebote El Comercio. Diga lo que diga, da igual.
  5. En cuanto al golpismo. ¿Cuál es entonces la estrategia general? Ojo, esto no lo está haciendo una cúpula sino un grupo de estrategas/abogados que están coordinando tanto el discurso como el marketing político («que no me robe mi voto el comunismo») y las marchas y pequeñas movilizaciones y grupos de choque.
  6. La estrategia se divide en dos: la primera, es el golpe «legal» o procesal que acaba de fracasar con el JNE retrocediendo en la ampliación ilegal del plazo para presentar las impugnaciones, gracias a un Cuello Blanco infiltrado en el JNE. Fracasó esa treta pero no toda la estrategia. Y de hecho, ni siquiera fracasó porque obtuvo lo que buscaba: ganar tiempo. A través de un ejército de abogados de bufetes carísimos («que dicen no cobrar») la derecha está buscando dilatar el proceso hasta 28 de julio.
  7. ¿Cómo lo harán? Atarantando a través de múltiples apelaciones que van a presentar cada vez que el JNE decida proseguir con la proclamación de Castillo. Van a apelar hasta lo más ridículo para ganar días. Mientras en las calles buscan que la mecha se prenda, en el ámbito procesal buscan ablandar a los funcionarios (por eso escracharon a Salas del JNE y a Corvetto de la ONPE) y bloquear todo avance. Si la apelación fracasa, presentan medidas de amparo, todas las que sean necesarias. Finalmente, si el JNE se fortalece y decide declarar ganador a Castillo, lo desconocerán apelando a que no se han resuelto las medidas legales que ha presentado Fuerza Popular «para protegerse del fraude».
  8. ¿Y por qué desean llegar hasta 28 de julio? Aquí es donde entra el Montoyismo representado por el ex militar Jorge Montoya quien fue el segundo más votado en la primera vuelta. El Montoyismo es la fase más radical del fujimorismo debilitado por Keiko. La idea: «si esta señora no supo ganar con todo lo que tuvo a su favor, no sirve y no va a ganar nunca: necesitamos a alguien fuerte que peche en plan mano dura y que tenga relación con lo castrense que siempre sirve de amenaza»
  9. ¿Es Montoya el presidenciable si se logra torcer la mano de la democracia? No, necesariamente. Pero al ser el segundo más votado en el Congreso, con Vizcarra anulado, podría ganar la presidencia del Congreso mientras el caos de no tener Presidente se vuelve insostenible para los ciudadanos. Montoya entra y llama a elecciones y probablemente se presente. A la derecha no le interesa realmente porque presentaría, como en primera vuelta, a 18 de los 20 posibles candidatos y estaría preparada para no perder de ninguna manera.
  10. ¿Qué tan factible es la estrategia golpista de la derecha? Eso depende enteramente de las instituciones del Estado, de los partidos que se oponen al golpe, de los actores públicos, de las instituciones privadas contrarias a la maniobra, de la comunidad internacional, y también del Presidente. Pero sobre todo: de los ciudadanos. Como cuando Merino dio un golpe en el Congreso, son los ciudadanos los que tienen finalmente el poder de impedirlo si todo sale mal.
    Ahora bien: bajo ninguna perspectiva se puede dejar arrastrar hacia el escenario de la dilatación que pretende la derecha para anular unas elecciones legítimas. Permitirlo sería participar, voluntaria o involuntariamente, de una maniobra golpista que pretende robar el voto de millones de peruanos que cumplieron con su papel democrático y eligieron por mayoría a Pedro Castillo como el Presidente de la República.

Para detener esta marea que amenaza con empapelar judicialmente el accionar del JNE y de usar leguleyadas para inmovilizarlo y proceder con la estrategia del golpe «legal», tan el gobierno como las instituciones del Estado, junto a las distintas organizaciones y a los ciudadanos, deben fortalecerse y políticamente hacer valer el proceso electoral con el apoyo de las organizaciones internacionales y de la presión extranjera.

No olvidar que las Fuerzas Armadas ya expresaron públicamente que algo como un golpe militar no les interesa en absoluto. Y sin eso, por más amenazantes que tres o cuatro dinosaurios de la política sin cargo alguno quieran sonar ahora, no hay nada que la derecha pueda hacer para tumbarse a la democracia.

Los ciudadanos tienen más poder del que suelen creer.

Ya se demostró cuando el golpismo con Merino cayó en 5 días y, por entonces, partimos de cero.

Nunca olvidar eso. Ni tampoco de que las elecciones no han tenido verdaderas irregularidades según Transparencia, los veedores internacionales, la OEA y la prensa extranjera.

Llamados a desconocer el resultado de elección son delitos y violan la Constitución

Por César Romero (subnota)

Rebelión. El electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, plantea que el Congreso desconozca las elecciones. Foto: difusión
Rebelión. El electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, plantea que el Congreso desconozca las elecciones. Foto: difusión

Atentado. La Carta Magna señala que el poder emana del pueblo y que aquel que se atribuye esa autoridad fuera de la ley comete rebelión y sedición, que se sancionan con hasta 20 años de cárcel. También se condenan la conspiración, promoción y dirección de esos delitos. Cargos de jefes de ONPE y JNE son irrenunciables por mandato de la ley.

Desconocer el resultado de un proceso electoral o pretender alterar el orden democrático desconociendo a un gobierno legítimamente elegido está expresamente prohibido en la Constitución y sancionado en el Código Penal.

Es decir, las propuestas del electo congresista Jorge Montoya, del empresario Rafael López Aliaga, del conductor de TV Philip Butters o los excongresistas Víctor Andrés García Belaunde y Jorge del Castillo son contrarias a la Constitución y trasgreden diversos artículos del Código Penal.

Montoya y los antes mencionados plantean que el Congreso desconozca la actual elección presidencial de Pedro Castillo, se convoquen nuevas elecciones y hasta se entre a Palacio de Gobierno a sacar al presidente Francisco Sagasti.

Estas propuestas colisionan con el último párrafo del artículo 31° de la Constitución Política del Perú que dice: Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.

Foto: captura Twitter
Foto: captura Twitter

Además, el artículo 45° de la misma Constitución dice: El poder del Estado emana del pueblo. (…) Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”.

Dichos delitos están previstos en los artículos 346° y 347° del Código Penal, en relación con los artículos 349° y 351°.

El artículo 349° sanciona la conspiración para cometer rebelión, sedición o motín. “El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín” será reprimido con pena de hasta la mitad prevista para la rebelión y sedición.

Mientras, el artículo 351° dice que la sanción penal, sin atenuantes, alcanza a los promotores y directores de la sedición”.

Se considera rebelión a levantarse “en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, lo cual será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años.

Mientras que el artículo 347° describe la sedición como: El que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.

El Código Penal también sanciona al funcionario público que pudiendo oponerse a una rebelión o sedición no lo hace. “El funcionario o servidor público que, pudiendo hacerlo, no oponga resistencia a una rebelión, sedición o motín será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años”.

La legislación penal también sanciona los actos que perturban el proceso electoral. El artículo 354° dice: “El que, con violencia o amenaza, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal, o los procesos de revocatoria o referéndum será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”.

En tanto, que el inciso 5° del artículo 359° sanciona al que “altera, de cualquier manera, el resultado de una elección o torna imposible la realización del escrutinio”.

Ayer el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que rechazó un comunicado de los ex altos mandos militares, difundido por Montoya, en el que apoyan las denuncias de fraude, sobre lo que hasta ahora no se presentan pruebas.

El Mindef señala que ese comunicado no expresa la opinión de las FFAA y critica que se hayan utilizado los emblemas de las instituciones militares. “Lamentamos el uso político de las Fuerzas Armadas, ya que ello no solo mella su institucionalidad, sino que genera zozobra y división en momentos en los que el país requiere unidad”, dice el comunicado del Mindef.

La Constitución también preserva la inamovilidad del cargo de la ONPE, que solo pueden ser removidos, por causa motivada, por la Junta Nacional de Justicia.

Además, el presidente y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser removidos durante el desarrollo del proceso electoral, desde su convocatoria hasta la proclamación del resultado de la elección presidencial. Pedir cambiar al jefe de la ONPE y al presidente del JNE va contra las normas legales y la Constitución.

FUENTE: Revista Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021.

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